Resumen: El objeto de esta litis se centra en determinar cúal de las dos Administraciones -la Administración del Estado o la Administración del Territorio Histórico de Guipúzcoa- es la competente para la devolución de las cantidades que, en concepto de IVA por los tres primeros trimestres del ejercicio 2006, tiempo en que el domicilio de dicha entidad estuvo situado en territorio común, solicitó la compañía mercantil CONSTRUCCIONES BESTARRUZA S.L. En este sentido, debe prevalecer el criterio del acuerdo recurrido de la Junta Arbitral en relación con la competencia administrativa en los supuestos en que el punto de conexión es el domicilio fiscal de una sociedad, debiéndose aplicar a las personas jurídicas en el caso recogido en el artículo 27.Uno.Tercera. El mismo criterio que el expresamente regulado en el artículo 43.Siete para las personas físicas que cambian de domicilio fiscal. Debe ser, pues, la Administración del Estado la que efectúe la devolución del saldo pendiente del IVA en el momento del cambio de domicilio de la entidad al Territorio Histórico de Guipúzcoa. La entidad mercantil puede formular una solicitud de devolución a la AEAT, que deberá admitirla, sin perjuicio, claro es, de su facultad de comprobar que la devolución solicitada es conforme a Derecho.
Resumen: Trabada una cuestión de competencia negativa entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, en relación con el recurso interpuesto contra una Resolución de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que desestima la solicitud de modificación de la Orden General nº 10 de 16 de junio de 2006, de regulación del sistema de gestión del complemento de productividad y de retribución de los sobreesfuerzos realizados por el personal con motivo del servicio, el TS precisa que la competencia objetiva viene determinada por el acto administrativo directamente impugnado y no por la disposición que se impugne indirectamente, siendo así que el conocimiento de las impugnaciones de los actos dictados por los órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materia de personal, como es el caso, viene atribuida a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. En este caso, en cuanto a la competencia territorial, se declara la competencia de la Sala de Navarra, habida cuenta de que el recurrente optó por dicho órgano jurisdiccional.
Resumen: Se plantea la interpretación del artículo 10.2.a) de la LPL sobre competencia territorial en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo [art. 2 b) LPL ]. El pleito de Seguridad Social enjuiciado versa sobre calificación de las secuelas de un Accidente de Trabajo acaecido en Guadalajara. La entidad gestora INSS ha resuelto, mediante acuerdo de la Dirección Provincial de Guadalajara, en el sentido de reconocer a la accidentada la situación de Incapacidad Permanente Total, con derecho a las prestaciones correspondientes. Y la mutua de accidentes de trabajo, que según hecho conforme tiene su sede social en Barcelona, ha reclamado en Madrid contra la resolución del INSS. Interpretando el art 10.1,b de la LPL la sala concluye que el concepto de domicilio es un concepto jurídico y el domicilio de una persona jurídica ha de ser en principio el definido en el Código Civil. Ello conduce en el caso a descartar que la mutua demandante, con domicilio en Barcelona, pudiera interponer demanda en Madrid, siendo así que la resolución impugnada correspondía a la Dirección Provincial del INSS de Guadalajara.
Resumen: Conforme a las previsiones de derecho interno como las de los instrumentos internacionales suscritos por España, la extensión de la competencia de los tribunales españoles a los casos de buques de bandera extranjera con tripulación también extranjera en aguas internacionales es incuestionable. La cualificación de organización no existe por la mera reunión de personas, sino que su concurrencia, a efectos legales, precisa una plus de sofisticación organizativa apto para potenciar la eficacia y, con ello, la peligrosidad de la actividad criminal correspondiente. El Tribunal de instancia incurre en presumir de principio lo que tenía que haberse acreditado. La extrema gravedad se determina por la calidad y cantidad de lo transportado y por la funcionalidad del medio usado a tal efecto. La cantidad de droga transportada es mil veces superior a la de notoria importancia por lo que conforme al Acuerdo del Pleno de la Sala II procede la aplicación del subtipo de extrema gravedad. La versión de los recurrentes carece de toda lógica y, además, es contradictoria con la versión previa mantenida durante la instrucción, en la que se admitía que sabían la existencia de la droga. Hubo autoría: los recurrentes realizaron aportaciones de carácter sustancial para el éxito de la travesía, compartiendo el desarrollo de las tareas propias de la misma, en las que necesariamente debieron turnarse. La aportación de los recurrentes era esencial para el buen fin de la actividad delictiva.
Resumen: Conflicto negativo de competencias entre Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de Primera Instancia. Acción directa frente a Cía. Aseguradora de la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública. Competencia de la Jurisdicción Civil, si la acción se dirige única y exclusivamente frente a la Entidad Aseguradora. Vis atractiva de la Jurisdicción Civil. Los inconvenientes de orden práctico que puedan derivarse de la pervivencia de la duplicidad jurisdiccional en este concreto punto no pueden sobreponerse a un derecho sustantivo otorgado a los perjudicados por una norma del ordenamiento jurídico vigente, que, además, constituye un pilar de nuestro sistema en relación con el contrato de seguro, emparentado con la tutela judicial efectiva y con la voluntad del legislador de proteger a los perjudicados
Resumen: Conflicto negativo de competencia entre Jurisdicción Civil y Contencioso-administrativa. Acción directa y exclusiva frente a aseguradora de la responsabilidad patrimonial del Servicio Público de Salud de Navarra. Reiterando jurisprudencia, se declara la competencia del Orden Jurisdiccional Civil para conocer de la cuestión conforme a la vis atractiva del mismo, pudiendo por dicho orden entrar a conocer de la existencia de responsabilidad conforme a parámetros estrictamente administrativos por mor de la cuestión prejudicial no devolutiva de dicho carácter, sin que tal circunstancia suponga una división de la continencia de la causa.
Resumen: Contrato de depósito, almacenamiento y distribución. Recurso de casación. Aplicación analógica de las normas del contrato de agencia. Compensación por clientela: el distribuidor sólo tendría derecho a la indemnización por clientela si se hubiera probado la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos. Existencia de pacto que impide reclamar más allá de los expresamente convenido. Recurso extraordinario por infracción procesal. Competencia internacional de los órganos judiciales de la primera y segunda instancia. En el contrato extintivo no se contienen las cláusulas de sumisión expresa. Incongruencia: la congruencia falta cuando se concede más de lo pedido en la demanda o menos de lo admitido por el demandado o cuando el fallo se basa en una causa de pedir distinta. Litispendencia internacional: no concurre. La causa de una y otra demanda son distintas. Legitimación pasiva: cuestión sustantiva, no procesal. Valoración de la prueba.
Resumen: Declaración de competencia del Tribunal Superior de Justicia por ser el imputado aforado. Se desestima la inhibitoria formulada por la Audiencia, por entender que su competencia quedó fijada mediante el auto por el que la asumía. La denegación de la inhibitoria debió ser recurrida en casación. Al no hacerlo, la decisión del Tribunal Superior se hizo firme.
Resumen: Conflicto negativo de competencia entre un Juzgado de lo Civil y un Juzgado de lo Contencioso por los daños producidos en una vivienda por la vivienda superior, propiedad de ADIF, antes RENFE. Se resuelve a favor de la jurisdicción civil. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó que la jurisdicción competente era la civil por no tratarse de un caso de responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, fue objeto de una regulación especial en la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en paralelo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el objetivo de evitar lo que se ha denominado "lamentable peregrinaje jurisdiccional". El artículo 9-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye el conocimiento de las demandas relativas a la actuación de las Administraciones al derecho administrativo y de las pretensiones sobre responsabilidad patrimonial. Competencia sin resquicio de la jurisdicción contenciosa para conocer de las cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso, sin embargo, aunque no se discute el carácter público de la entidad demandada, su actuación no se realiza en calidad de Administración Pública sino que se trata de una acción de resarcimiento por daños por humedades en una vivienda debajo de la que es titular la entidad.
Resumen: Ejecución de títulos judiciales. Reconocimiento y ejecución de resolución de un tribunal extranjero. Sentencia dictada por el Alto Tribunal de Justicia de Londres homologando un acuerdo transaccional entre las partes. Garantía del pago: competencia de los tribunales españoles para su ejecución. Cosa juzgada: no concurre. El recurso ante la Audiencia Provincial no es una segunda instancia ni tampoco un recurso de apelación contra resolución del juez que dirima una controversia sustantiva o procesal entre las partes. Por "lugar de ejecución" debe entenderse España por tener aquí su domicilio las sociedades anónimas emisoras de las acciones.
